Durante años, la Agencia Tributaria ha ido incorporando herramientas tecnológicas para combatir el fraude fiscal, pero el último paso supone un cambio de paradigma. La combinación de sistemas de Inteligencia Artificial capaces de analizar millones de datos personales y una reforma legal destinada a mantener en secreto el funcionamiento de esos algoritmos plantea una pregunta inquietante: ¿podrá la Administración decidir quién será investigado sin explicar nunca por qué? La respuesta, al menos por ahora, apunta cada vez más hacia el sí.

Y no se trata de una hipótesis futurista. En apenas unas semanas han coincidido dos noticias que, analizadas conjuntamente, dibujan un escenario completamente nuevo. Por un lado, la renovación del software forense Pathfinder, capaz de procesar enormes volúmenes de información digital mediante Inteligencia Artificial. Por otro, la reforma del artículo 116 de la Ley General Tributaria, en el marco de la nueva Ley Orgánica de Inteligencia Artificial, que pretende blindar frente al contribuyente el funcionamiento de los algoritmos y modelos utilizados por la Agencia Tributaria. Tecnología y opacidad se dan así la mano en un momento en el que el debate ya no gira sobre si Hacienda utilizará IA, sino sobre cuáles serán los límites y garantías de ese uso.

Pathfinder: El futuro brazo ejecutor de la Inspección de la AEAT.

La incorporación de tecnología militar y de inteligencia al ámbito civil ya no es una novedad, pero su aplicación al control fiscal sigue generando vértigo. La AEAT ha renovado su confianza —y su presupuesto— en Cellebrite Pathfinder, un potente software israelí de análisis forense digital.

No se trata de una herramienta de hackeo. Su misión no es acceder a dispositivos ni obtener información por sí misma, sino analizar enormes cantidades de datos ya recopilados durante investigaciones relacionadas con posibles casos de fraude fiscal. En términos prácticos, Pathfinder es un rastreador diseñado para mapear y estructurar la psique digital del investigado.

Cuando la Inspección accede a los dispositivos tecnológicos de un contribuyente, no se limita a clonar discos duros; utiliza la Inteligencia Artificial de este software para procesar ingentes volúmenes de datos desestructurados. La herramienta es capaz de cruzar registros de geolocalización, conversaciones en aplicaciones de mensajería, imágenes y correos electrónicos para definir patrones de vida, reconstruir agendas y, fundamentalmente, identificar vínculos societarios ocultos e incoherencias fiscales que a un ojo humano le costaría meses detectar.

La modificación del artículo 116 de la LGT: El escudo legal de Hacienda

Si Pathfinder representa el brazo ejecutor en el entorno forense, la enmienda introducida en el artículo 116 de la LGT constituye el escudo legal con el que Hacienda pretende proteger sus sistemas predictivos. A través del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, el Gobierno ha articulado una maniobra para imponer la opacidad total sobre las herramientas automatizadas y los criterios de selección de los contribuyentes.

El nuevo apartado 3 del artículo 116 establece taxativamente que la información sobre los sistemas informáticos, modelos conceptuales y algoritmos de la AEAT “no será objeto de publicidad, comunicación o acceso público, ni se pondrá de manifiesto a los obligados tributarios”. La justificación oficial es que revelar estos datos comprometería la lucha contra el fraude y facilitaría la elusión fiscal.

Sin embargo, esta «regla de opacidad» ha desatado una ofensiva por parte de juristas y asociaciones como la AEDAF. La crítica no solo radica en el fondo, sino en la forma: la reforma se introdujo mediante una enmienda en la fase parlamentaria, hurtando el trámite de audiencia previo en el anteproyecto y privando a las instituciones de emitir sus correspondientes informes.

Paradójicamente, una ley diseñada originalmente para garantizar la buena gobernanza y el uso ético de la IA se está utilizando para restringir los derechos de los ciudadanos frente a la Administración. Al blindar el acceso incluso a «órganos ajenos», la AEAT se auto otorga una inmunidad que podría excluir del control frente a cualquier órgano de supervisión, incluso los tribunales de justicia.

¿Podríamos llegar a estar ante inspecciones automáticas y secretas?

La confluencia de estas dos realidades, una tecnología de máxima potencia analítica y un marco regulatorio totalmente opaco, nos ofrece un panorama cuanto menos inquietante y alarmante para el Estado de Derecho. El uso de la Inteligencia Artificial por parte de la AEAT persigue el fin legítimo de combatir la elusión fiscal, pero cuando se prescinde de la transparencia, los riesgos crecen exponencialmente.

Si un algoritmo decide de forma automatizada qué contribuyente debe ser inspeccionado, y las bases, sesgos o variables de ese sistema se declaran secretos «por razones de eficacia», el ciudadano queda sumido en una absoluta indefensión. ¿Cómo es posible impugnar una liquidación o una inspección si se desconoce la lógica bajo la cual fuiste seleccionado como investigado? A esto se suma la erosión del derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.

La Inteligencia Artificial debe ser una herramienta que ayude a aplicar la justicia fiscal con garantías, no un mecanismo que disfrace la opacidad de eficiencia administrativa.