Por Silvia García y Ana Asensi. Adiós al secreto de los Notarios. Hacienda ha llegado a un acuerdo con el Consejo General del Notariado para acceder a la información contenida en la Base de Datos de Titularidad Real que fue creada mediante acuerdo de 24 de marzo de 2012, al amparo de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Hasta el momento, los únicos que podían acceder a la información de forma directa eran el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), para los fines encomendados al mismo; autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención de blanqueo de capitales; los propios notarios en su condición de sujetos y otros sujetos previstos en la ley 10/2010 previo convenio con el Consejo General del Notario.
En consecuencia, hasta ahora, para que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tuviese acceso a la información era necesario que efectuase un requerimiento individualizado indicando el sujeto sobre el que se deseaba obtener los datos y siempre basándose en actuaciones que hubiese realizado previamente.
El convenio que se ha alcanzado supone que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tendrá acceso directo dentro de dos meses a la Base de Datos de Titularidad Real con la información completa y actualizada mensualmente sobre las personas físicas que ostenten el control de manera directa o indirecta de más de 2,5 millones de sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, asociaciones, fundaciones, sociedades extranjeras que operan en España…
Asimismo, en base a dicho acuerdo, Hacienda también recibirá información de forma quincenal sobre determinadas operaciones contenidas en el Índice Único Notarial, entre ellas, nombramientos y revocaciones de apoderados y administradores de la sociedades. En términos generales, a través del índice Único, las notarías remiten los documentos autorizados en las mismas para que desde el Consejo General, vía Ancert, se distribuya la información a Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones, Consejo General del Poder Judicial, Colegios Notariales, etc.
En definitiva, el acuerdo recién dado a conocer conlleva que la Administración Tributaria va a contar a partir de ahora con una herramienta, que estaba bajo la custodia de los Notarios, que puede ser fundamental para la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales permitiendo el control sobre entramados societarios de entidades supuestamente independientes, operaciones de financiación, inmobiliarias, con activos financieros buscando el cumplimiento de algunos de los objetivos que ya se adelantaban hace unas semanas en el Plan General de Control Tributario publicado para el ejercicio económico 2020.
