Por José Luis Climent Malpartida

La business judgment rule es una regla de origen norteamericano y jurisprudencial con una larga tradición en el derecho del “case law” anglosajón.

Esta doctrina, que la tomamos como punto de partida, protege a los administradores incluso frente a graves errores de gestión cuando hubieran actuado de buena fe, de manera informada, de forma independiente y en exclusivo interés de la sociedad, puesto que, es a través de la aplicación de estos principios como se configura el contenido del deber de diligencia.

En mi opinión tenemos que huir de lo que podríamos llamar “criminalización en la asunción de riesgos”. El famoso caso Disney supuso la consagración del principio de la businessjudgment rule en el derecho de sociedades, afirmando que la infracción del deber de diligencia solo existe en casos de diligencia grave y protegiendo, de esta manera, la capacidad de los administradores para asumir riesgos en la gestión, sin que ello conlleve automáticamente una responsabilidad. Esta doctrina jurisprudencial fue asumida por el legislador norteamericano en su día y recientemente en nuestra legislación societaria; evitando de esta forma, que las decisiones de los administradores sean materialmente sustituidas en el procedimiento de determinación de la infracción del deber de diligencia. Es decir, que en ese proceso, se sustituya el juicio de oportunidad de los administradores por el juicio de oportunidad de los jueces. Se pretende pues lograr el equilibrio entre la necesidad de preservar la discrecionalidad de las decisiones de los administradores y la necesidad de controlar, de alguna manera, la actuación de éstos.

También, con la aplicación de la regla, se evita que personas inexpertas en materia empresarial, como son los jueces, lleven a cabo juicios de oportunidad sobre las decisiones de los administradores. Veamos algunas de las sentencias configuradoras de la regla de la businessjudgment rule:

  • Caso Percy v. Millaudon, Tribunal Supremo de Pensilvania 1829. En este caso se introdujo una primera formulación de la regla: “ningún hombre aceptaría la prestación de servicios en tan severas condiciones. El examen de responsabilidad, por tanto, se debe fundamentar no en la sabiduría de los administradores, sino en la tenencia de un conocimiento ordinario y la demostración de que el error del administrador fue tan grave que un hombre con sentido común y atención ordinaria no habría caído en él”.
  • Caso Godbold v. Branch Bank,Tribunal Supremo de Alabama 1847. En este caso se dijo por el Tribunal: “no se puede asumir que los administradores poseen un perfecto conocimiento de los hechos y cuestiones que se les puedan presentar, ni que no puedan errar o estar equivocados tanto en la prudencia como en la legalidad de los términos que emplean en sus decisiones. De no ser así, la regla sería contraria al propósito final pretendido por la misma, de forma que ningún hombre con ordinaria prudencia aceptaría un cargo rodeado de tantos peligros”.
  • Caso Hodges v. New EnglandScrew Co., Tribunal Supremo de Rhode Island 1850 y 1853. Aquí se puso de manifiesto que “aunque el error efectivamente exista, si los administradores actuaron con el cuidado debido, de buena fe, y en el mejor interés de la sociedad, no podrán ser responsables”.
  • Tribunal de apelaciones de Nueva York 1912. Se pronunció de manera similar diciendo que “las cuestiones de política empresarial dependerán únicamente de la decisión honesta y desinteresada de los administradores, pues sus poderes en este ámbito son ilimitados y libres de restricciones, y el ejercicio de éstos para el interés común general de la sociedad no podrá ser cuestionado a menos que el resultado muestre que su actuación fue imprudente o inoportuna”.

Estos primeros casos que he comentado y que recogen la businessjudgment rule son de singular importancia no sólo por su interés histórico sino porque expresan de forma clara tanto la lógica como los límites de la regla.

Pero si hay hoy en día un caso de singular trascendencia en torno al concepto de la businessjudgment rule, ese es el de Aronson v. Lewis (Delaware 1984). En este caso, se fiaron los parámetros para llevar a cabo las reclamaciones de los administradores cuando éstos no cumplan con sus deberes para con la sociedad, sin embargo, lo más destacable en el caso que nos ocupa es que en él se estableció la formulación de la businessjudgment rule. Así, la definición que se da en el estado de Delaware de la regla de juicio empresarial supone “una presunción de que en la toma de decisiones empresariales los administradores de una sociedad actuaron de manera informada, de buena fe y bajo el sincero convencimiento de que la acción era en el mejor interés de la sociedad. Esa decisión será respetada por los tribunales a menos que se demuestre la infracción del deber de diligencia. La prueba recaerá sobre la parte demandante que deberá establecer los hechos que refuten la presunción”.

La aplicación de la regla como medio para evitar la revisión en sede judicial de las decisiones empresariales tenía como consecuencia que no existieran casos en los que se les declaraba responsables por negligencia salvo que, junto a ella aparecieran otro tipo de infracciones como fraude, ilegalidad o actuación de los administradores en conflicto de interés.

En estos principios de la regla, la dificultad tanto material como procesal para destruir la presunción de la businessjudgment rule era muy grande, y a ello se añadía el hecho de que el estándar de negligencia exigido para la imputación de responsabilidad a los administradores era el de negligencia grave.

Igualmente debo decir, que la no tipificación de todos los aspectos de la regla no es obstáculo para que distintos textos societarios acojan la businessjudgment rule o sus elementos esenciales, ya sea de manera directa o bien a través de la configuración del régimen de responsabilidad derivado de la infracción del deber de diligencia.

La reciente reforma de la Ley de Sociedades de Capital, a raíz de la Ley 31/2004, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, incorpora expresamente una protección a la discrecionalidad empresarial (tradicionalmente conocida como businessjudgement rule) en nuestro ordenamiento societario. Es decir, la responsabilidad de los administradores sobre un proyecto empresarial no podrá depender del éxito o fracaso obtenido en él, cuestión que no debe ser objeto de valoración por un juez, porque el riesgo que cualquier opción empresarial lleva aparejado no puede determinar un agravamiento o aminoración de la responsabilidad de los administradores. Lo relevante es sólo que la decisión estratégica adoptada haya sido fruto de un procedimiento de decisión adecuado y conforme.