Margarita Ros Lamata
Abogada. Área de Litigación.
El art. 98 LSC regula las participaciones sociales sin derecho de voto.
“Las sociedades de responsabilidad limitada podrán crear participaciones sociales sin derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital y las sociedades anónimas podrán emitir acciones sin derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital social desembolsado”
Este sistema era el método tradicional del Derecho Mercantil para aquellas empresas que buscaban que un inversor inyectara capital en la empresa sin arriesgar el control de la gestión. Es un sistema de acuerdo mutuo:
- El socio inversor renuncia a sus derechos sociales.
- A cambio de abonar al socio inversor un dividendo mínimo anual obligatorio y preferente.
El problema en estos supuestos sucedía cuando la mercantil dejaba de abonar ese dividendo comprometido al socio inversor y la situación en la que quedaba dicho socio y la empresa por lo que el art. 99.3 LSC dispone: “Mientras no se satisfaga el dividendo mínimo, las participaciones y acciones sin voto tendrán este derecho en igualdad de condiciones que las ordinarias y conservando, en todo caso, sus ventajas económicas.”
Entonces, ¿podía el socio desde ese mismo momento recuperar sus derechos de voto o desde qué momento los recuperaba si se recuperaban?
Para la empresa es fundamental conocer desde cuándo se recuperan porque impedirle el voto si ya le correspondía al socio podía conllevar una nulidad de todos los acuerdos realizados y suponer una paralización de la sociedad.
Pues bien, la STS 440/2026, de 20 de marzo, y 1014/2026, de 24 de junio, han supuesto un antes y un después en este asunto al responder a esta cuestión.
Así el Alto Tribunal en la STS 440/2026 considera que la recuperación del derecho de voto no es inmediata ni automática por el simple impago material del dividendo.
Para que el socio inversor recupere los derechos renunciados es necesario que concurran una serie de presupuestos o filtros, basados en el principio de buena fe y en la propia naturaleza del funcionamiento social.
- Debe finalizar el ejercicio económico, formularse las cuentas anuales y aprobarse por Junta General.
Es en estos momentos donde se constata si existen o no beneficios repartibles.
- Incumplimiento de los plazos legales. Si la sociedad tiene beneficios pero decide retenerlos o destinarlo a reservas en vez de cumplir con la obligación de dividendos mínimo obligatorio con el socio, nace la infracción en dicho instante y el socio recupera el voto.
- También se considera incumplimiento del reparto de dividendos, y por tanto, recupera sus derechos el socio, si los administradores incumplen el plazo legal de 6 meses para convocar Junta Ordinaria desde el cierre del ejercicio.
Por su parte, la STS 101472026, de 24 de junio, confirma la STS 440/2026 y resuelve en términos similares a la sentencia anterior, pero incluye un matiz importante:
En el supuesto enjuiciado, se impugnaba la Junta celebrada en junio de 2019, donde se aprobaban a su vez las cuentas anuales del ejercicio 2018 y otros cuatro puntos más del orden del día. Concretamente, eran los siguientes asuntos y en el orden siguiente: (i) aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018; (ii) aplicación del resultado; (iii) aprobación de la gestión del administrador; (iv) una "operación acordeón" de reducción del capital social a cero y simultáneo aumento, con modificación estatutaria; y (v) el otorgamiento de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
En este caso el Alto Tribunal distingue dos momentos:
- Acuerdos hasta la aplicación del resultado. (Puntos i y ii del Orden del Día).
En estos el socio titular de las participaciones sin voto NO puede votar porque es en ese momento cuando precisamente se presentan las cuentas del ejercicio y, por tanto, no se ha cumplido el presupuesto del art. 99.3 LSC.
- Acuerdos posteriores (puntos iii a v del Orden del Día).
Para estos puntos SÍ que ya puede votar dicho socio porque ya se habían aprobado las cuentas del ejercicio anterior y, por tanto, ya se habían cumplido los presupuestos del art. 99.3 LSC.
Con esta jurisprudencia, el Tribunal Supremo marca un hito importante ya que, lejos de desincentivar el uso de este sistema de inversión, aporta mayor seguridad jurídica a ambas partes de dicho pacto.
Los fundadores y administradores conocen las consecuencias que puede suponer no repartir dividendos mínimos o no actuar conforme sus funciones y saben desde qué momento el socio inversor, en caso de incumplimiento, puede empezar a tener voz y voto en la sociedad.
Por otro lado, los inversores dejan de estar desprotegidos y conocen los plazos y los pasos que deben exigir para que su derecho esté amparado en el caso de problemas con la recepción de sus dividendos.
