

Rafael Fuentes Castro
Abogado. Área de Litigación.
El próximo 1 de diciembre se cumplen cinco años de la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la sanción a Toyota. Quien todavía no haya reclamado debería interrumpir la prescripción antes de esa fecha, por elemental prudencia procesal.
Diciembre de 2026 importa. Pero no conviene simplificar el debate
El denominado cártel de los coches continúa generando litigios muchos años después de la Resolución de la CNMC de 23 de julio de 2015. La última sentencia dictadas por el Tribunal Supremo en la revisión de aquellas sanciones fue la STS 1420/2021, de 1 de diciembre, relativa a Toyota España, S.L.U.
Por eso diciembre de 2026 aparece ya señalado en muchos calendarios. Para el afectado rezagado que todavía no haya reclamado, la recomendación práctica es clara: preservar la acción e interrumpir la prescripción antes de que transcurran cinco años desde la STS 1420/2021, de 1 de diciembre, relativa a Toyota.
Ahora bien, interrumpir la prescripción antes de esa fecha por prudencia no equivale a reconocer que el plazo expire necesariamente el 1 de diciembre de 2026. Son planos distintos. La prioridad es conservar la acción; después podrá sostenerse, con plenitud, la interpretación jurídica más favorable sobre el dies a quo, la suspensión del plazo y el alcance del artículo 10 de la Directiva 2014/104/UE.
| Idea clave. El 1 de diciembre de 2026 es una referencia temporal prudente para revisar los expedientes, pero no debe presentarse como una fecha de cierre automático de todas las acciones. |
La prescripción no se resuelve con una simple suma de cinco años
Las acciones de daños por infracciones del Derecho de la competencia cuentan hoy con un plazo de prescripción de cinco años. Sin embargo, el cálculo del plazo exige determinar cuándo pudo el perjudicado conocer razonablemente los elementos esenciales de la acción y qué efectos producen las actuaciones de la autoridad de competencia sobre ese cómputo.
Aquí cobra especial relevancia el artículo 10 de la Directiva 2014/104/UE y, en el Derecho interno, el artículo 74 de la Ley de Defensa de la Competencia. Además de regular un plazo de cinco años, el Derecho de la Unión establece que la suspensión vinculada a la actuación de una autoridad de competencia no puede terminar antes de que haya transcurrido un año desde que la resolución sea firme o el procedimiento concluya de otro modo. La incidencia de esta regla sobre el cómputo constituye una de las cuestiones que deben preservarse jurídicamente y no darse por renunciadas en una comunicación preventiva.
La cuestión central es jurídica y común a las reclamaciones derivadas del cártel: determinar cuál es el hecho que fija el dies a quo del plazo de prescripción y qué incidencia tienen sobre ese cómputo las actuaciones de la autoridad de competencia. La aplicación temporal de la Directiva 2014/104/UE y el alcance del año adicional previsto en su artículo 10 forman parte de un debate que deberá recibir una respuesta jurisprudencial con vocación general.
El TJUE ya ha descartado que la publicación de la CNMC marque el dies a quo
Este debate cuenta ya con un pronunciamiento europeo directamente referido al cártel de automóviles. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de septiembre de 2025, asunto C-21/24 (Nissan Iberia), resolvió precisamente una cuestión prejudicial sobre la prescripción de estas reclamaciones.
En aquel asunto, la resolución sancionadora de la CNMC había sido adoptada el 23 de julio de 2015 y publicada en su página web el 15 de septiembre de 2015. Sin embargo, el TJUE rechazó que esa publicación permitiera situar entonces el inicio del plazo. Declaró que el artículo 101 TFUE, el principio de efectividad y el artículo 10.2 de la Directiva 2014/104/UE se oponen a considerar que el perjudicado conocía la información indispensable para reclamar antes de que la resolución de la autoridad nacional de competencia fuese firme.
La consecuencia es especialmente relevante para el cártel de coches: la publicación de la resolución de la CNMC en 2015 no constituye, por sí sola, el dies a quo. El propio TJUE tomó como referencia que, respecto de Nissan, la resolución adquirió firmeza mediante sentencia del Tribunal Supremo en 2021 y señaló que, a partir de la publicación de esa sentencia, podía razonablemente entenderse conocido el conjunto de información necesaria para ejercitar la acción.
Esta doctrina refuerza el criterio de prudencia que ahora proponemos: si la última sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la sanción fue la dictada frente a Toyota el 1 de diciembre de 2021, quien todavía no haya interrumpido la prescripción debería hacerlo antes del 1 de diciembre de 2026. Se trata de proteger la acción frente al escenario más conservador, no de renunciar a defender un cómputo más amplio cuando jurídicamente proceda.
El dies a quo: una cuestión de alcance general
Por eso, el error sería doble: asumir que el plazo comenzó con la publicación de la resolución de la CNMC en 2015, tesis que el TJUE ha rechazado, o convertir el 1 de diciembre de 2026 en una fecha de prescripción reconocida por los propios perjudicados. La firmeza de la resolución sancionadora constituye el hito mínimo a partir del cual puede abrirse el cómputo, y sobre ese marco debe analizarse además el régimen del artículo 10 de la Directiva.
El Tribunal Supremo ha dictado ya sus primeras sentencias de fondo sobre la reparación de los daños del cártel de automóviles. Sin embargo, estas resoluciones no convierten el 1 de diciembre de 2026 en una fecha universal de prescripción. El dies a quo y las posibles causas de suspensión o interrupción siguen exigiendo examinar la firmeza de la decisión sancionadora pertinente, la información que razonablemente pudo conocer el perjudicado y las actuaciones realizadas en cada expediente.
No estamos, por tanto, ante un problema que deba resolverse fijando un dies a quo diferente para cada comprador. La cuestión nuclear es común: determinar desde qué momento comienza jurídicamente a correr el plazo para este tipo de acciones y cómo opera el régimen previsto por el Derecho de la Unión y por la Ley de Defensa de la Competencia.
Esta circunstancia refuerza la conveniencia de mantener vivas las reclamaciones. Para quien todavía no haya realizado ninguna actuación interruptiva, la decisión prudente es efectuarla antes del 1 de diciembre de 2026 y evitar que la discusión futura sobre el dies a quo llegue con la acción desprotegida.
El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre el daño y la responsabilidad
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado las sentencias 1644/2026 y 1645/2026, ambas de 22 de octubre de 2026, sobre reclamaciones por daños derivados del cártel de automóviles. Son resoluciones de especial trascendencia porque refuerzan la posibilidad de estimar judicialmente el perjuicio cuando, pese al esfuerzo probatorio del reclamante, su cuantificación exacta resulta extraordinariamente difícil.
En los asuntos examinados, el Supremo elevó del 2 % al 5 % del precio de adquisición el daño estimado y mantuvo los intereses legales desde la compra. Además, la STS 1645/2026 abordó la responsabilidad solidaria de los participantes en la infracción, incluso respecto de vehículos comercializados por otra marca participante. Este criterio exige siempre comprobar el alcance de la conducta sancionada y la responsabilidad concreta del demandado; no dispensa de estudiar la prescripción de la acción.
VARONA ha interpuesto ya demandas para reclamar los daños causados por el cártel de automóviles. La nueva jurisprudencia refuerza la conveniencia de examinar las reclamaciones pendientes y, cuando proceda, preservar sin demora las acciones todavía vivas mediante una reclamación extrajudicial fehaciente, dirigida correctamente a la entidad responsable.
Coches, furgonetas, particulares y empresas
La revisión no debe limitarse a turismos adquiridos por consumidores. El expediente sancionador se refiere al mercado de distribución y comercialización de automóviles y vehículos de motor ligeros, por lo que determinadas furgonetas y vehículos comerciales pueden quedar igualmente comprendidos dentro de las conductas investigadas.
Tampoco estamos ante una acción reservada al consumidor particular. Autónomos, profesionales, empresas y titulares de flotas pueden haber soportado el mismo perjuicio económico si adquirieron vehículos afectados durante los períodos de participación de los fabricantes sancionados.
Lo esencial será acreditar la adquisición, identificar correctamente el vehículo y disponer de una base razonable para cuantificar el daño. La factura o contrato de compraventa son los documentos más útiles, pero su ausencia no siempre impide reconstruir la operación por otras vías.
No existen indemnizaciones automáticas
No existe una indemnización automática e idéntica para todos los vehículos. Las SSTS 1644/2026 y 1645/2026 han tomado el 5 % del precio de adquisición como referencia de daño estimado en los supuestos examinados, cuando su existencia queda acreditada y la prueba disponible no permite una cuantificación exacta. Ello no exime de justificar la compra, el perjuicio y el esfuerzo probatorio, ni impide reclamar una cuantía superior cuando pueda acreditarse.
A la indemnización por el eventual sobreprecio deben añadirse los intereses que procedan. En vehículos adquiridos hace más de una década, este componente puede tener un peso económico relevante y debe formar parte del análisis desde el inicio.
Diciembre de 2026: interrumpir ahora para poder discutir después
La proximidad del 1 de diciembre de 2026 aconseja actuar con prudencia: quien todavía no haya reclamado debería revisar de inmediato su caso y, si la acción continúa viva, interrumpir la prescripción antes de esa fecha. Tomar como referencia conservadora los cinco años desde la STS Toyota no supone admitir que esa sea la fecha de prescripción de todos los expedientes. Tampoco una nueva reclamación puede revivir una acción que ya hubiera prescrito.
El cauce prudente es una reclamación extrajudicial fehaciente que identifique al perjudicado, el vehículo y la adquisición, concrete la voluntad inequívoca de exigir la indemnización derivada del expediente S/0482/13 y se dirija a la entidad cuya responsabilidad se pretende exigir. Conviene conservar acreditación del contenido remitido y de su recepción o intento de entrega. En supuestos de posible solidaridad impropia, no debe presumirse sin más que reclamar a un partícipe interrumpa la prescripción frente a todos los demás.
La STJUE de 4 de septiembre de 2025 (Nissan Iberia) despejó una cuestión esencial: la mera publicación de la resolución de la CNMC en 2015 no permite anticipar el dies a quo a un momento anterior a su firmeza. Las sentencias del Tribunal Supremo de octubre de 2026 aportan ahora criterios relevantes sobre daño, cuantificación e imputación de responsabilidad. Por eso diciembre de 2026 es, sobre todo, una fecha para revisar expedientes y proteger las acciones que aún sean ejercitables, no para reconocer indiscriminadamente su extinción.
